Contra el capitalsimo salvaje, adelante con la lucha del pueblo.

Los resultado macro económicos en estos dos años de Gobierno de Piñera han sido excelentes para las 4.500 familias que controlan 114 grupos empresariales que existen en Chile. En 2010 el 82% de las 449 empresas más importantes obtuvieron ganancias por 24.000 millones de dólares, las que aumentaron un 48% con relación a las del 2009 (sin considerad a Codelco y la minera La Escondida la que aumento sus ganancias en un 79%) ganancias que en el primer trimestre del 2011 crecieron un 40%. Las utilidades de los Bancos fueron de 3.383 millones de dólares, el 70% de estas la concentraron 3 bancos: Santander 30.2%; Chile 23,8% y BCI 14%, y entre enero y julio de 2011 los bancos ganaron 2.226 millones de dólares, el primer trimestre de 2012 obtuvieron 319 millones de dólares. Los Retáils: Cencosud tuvo ingresos por 550 millones de dólares; Ripley  gano 106 millones de dólares; Falabella 815 millones de dólares. En el sector Salud, la Isapres vieron crecer en más de un 50% sus utilidades, las que totalizaron 67.867 millones de pesos, 17.000 millones más que el 2010. El sector pesquero las ganancias aumentaron en un 29%. Las AFP a junio del 2011 ganan 270 millones de dólares, el primer trimestre de 2012 fueron de 196 millones de dólares, 48% más que el mismo periodo de 2011.

Pero los salarios solo crecieron un 4,7% el 2010, a pesar de las movilizaciones de los trabajadores que exigían un aumento del 10,5%. La desocupación fue 8,3%, según el gobierno, pero el posentaje real fue de 13,6%. El gobierno se ufana de haber creado 428 mil puesto de trabajo en estos dos años cuando en realidad han sido solo unos 150 mil los puestos remunerados de los cuales más del 70% son tercerizados, el 36,4% son por cuenta propias, los llamados “emprendedores”, de los cuales más del 80%  son beneficiarios del Fosis, los que en su mayoría no tienen sustentabilidad en el tiempo.

Las alzas constantes a los alimentos de consumo popular, del agua, gas y electricidad, los problemas del Transantiago y el alza diaria de los pasajes de la locomoción colectiva, los escándalos financieros de Kodama y la Multitienda La Polar, la insistencia de privatizar la Salud y la Educación han fomentado el descontento social.

Descontento social que ya se venia manifestando de los gobiernos de la Concertación, el que adquiere con el gobierno de la derecha mayor fuerza con la incorporación a la lucha de sectores de la población que por años estuvieron ajenos a toda protesta y que ahora lo hacen en forma masiva, ahí están las luchas del pueblo de Magallanes contra el alza del gas licuado, las marchar a lo largo del país contra Hidroaysen, las protestas en Calama, en las que no han tenido ninguna participación los partidos políticos de la Concertación y mucho menos los partidos de la Alianza por Chile, siendo ambos conglomerados políticos  pésimamente calificados por la población, al igual que el PC revisionista que ha pasado a ser un partido más de la Concertación.

La lucha que por más de 11 meses han llevado adelante los estudiantes: tomas de colegios y universidades acompañadas de masivas manifestaciones, para exigir el termino de la municipalización y del lucro en la educación, han puesto como una tarea urgente el terminar con la Constitución de 1980, que hay que democratizar las instituciones del Estado, permitiendo a todos los ciudadanos determinar que Constitución Política queremos, que país queremos construir y lo queremos hacer en una Asamblea Constituyente.

La Concertación y el revisionista Partido Comunista han ayudado al gobierno a bajarle el perfil a las protestas, encerrando la reforma educacional en un discusión interminable en el Congreso, para terminar aprobando lo que el gobierno quiere, permitiéndole central todos sus ataques en el movimiento estudiantil, reprimiendo sus manifestaciones con saña y brutalidad propia de los peores años de la dictadura,  ligando las acciones de autodefensa de los participantes en éstas a las acciones aisladas de vandalismos al comercio por parte de individuos ajenos al movimiento estudiantil, para desprestigiarlo ante la opinión publica y así justificar nuevas leyes represivas.

Para el buen funcionamiento del actual régimen económico neoliberal es fundamental para la clase política burguesa mantener el orden publico, es decir, que la población con sus protestas y huelgas no ponga el peligro los buenos negocios de los capitalistas nacionales y extranjero, para ello cuentan con la Constitución del 80, con la colusión de la Concertación que ha sabido administrar bien el modelo durante 20 años de gobierno y el reformismo del PC, que han mantenido a los trabajadores, al pueblo, dentro de la legalidad burguesa. Y que ahora, ante el carácter masivo y combatiente de las protestas realizadas el año pasado, el gobierno ( ya  en el 2010 saco con la ayuda de la Concertación a una ley que penaliza con cárcel a toda persona que maltrate de palabra o de hecho a Carabineros, organismo fuertemente armado para reprimir a la población), a enviado a fines del 2011 al Congreso un nuevo “Proyecto de Ley de Resguardo del Orden Publico” llamada por los sectores democráticos “Ley Hinspeter” por ser el Ministro del Interior su principal gestor, con la cual se pretende criminalizar toda manifestación publica de la población, castigando con pena de que van de 541 días a 3 años de cárcel, el impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso publico, principalmente al derecho de huelga de los trabajadores ya que se condena toda paralización o interrupción los servicios públicos, tales como los hospitales, lo de emergencias y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones y transporte. Proyecto de Ley que ha suscitado que organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y sindicales a solicitar a los parlamentarios el rechazo a la “Ley Hinspeter”.

La derecha utiliza una estrategia basada en la explotación de los miedos de la población, miedo a la perdida del trabajo, miedo a la delincuencia. Miedos que han sido inculcados desde de la dictadura y que la derecha ha seguido sosteniendo a través de la prensa, radio y televisión, y que ahora a añadido el miedo de algunos sectores de la población a las protestas, principalmente en la clase media, ganando con esto un fuerte aliado en los sectores ligados al comercio establecido y al ambulante, sectores proclives apoyar la promulgación de la “Ley Hinspeter”.

El movimiento estudiantil, como sector no ligado a la producción y por tanto a no ser intimidado por la perdida  a su fuente laboral, el que ha tomado las banderas de lucha del pueblo, dejadas de lado por la Concertación y del mal llamado Partido Comunista, y que hasta ahora la izquierda extraparlamentaria, con una relativa influencia en el estudiantado, no tiene la capacidad de tomarlas y mucho menos de movilizar a la clase obrera.

Las futuras luchas del pueblo, de los trabajadores y estudiantes por lograr cambiar la constitución de 1980 dejada por la dictadura, esta unida a la lucha por obtener mejores condiciones de vida, de trabajo, mejoras salariales, a la salud, a la educación, a la vivienda, etc. lograrlo dependerá de la accionar de las fuerzas de izquierda revolucionaria por ganar de movimiento de masas, por la actividad esclarecedora y conductora de la vanguardia proletaria, saliéndole al paso a los partidos burgueses reformistas y revisionistas que trataran de encerrar una vez más las luchas del pueblo en el marco de la legalidad burguesa.

                                                                                                                                 Junio de 2012